Podemos convertirnos en delincuentes por el simple hecho de ser solidarios.
En muchos países y durante mucho tiempo, la discusión es que si la legislación de derechos de autor, si el marco legislativo basado en el copyright, permite o posibilita la creatividad. Porque ese es el tema: creatividad.Cuando debatimos y sacamos a la palestra la cultura, políticas culturales, la necesidad de un ministerio de cultura, estamos hablando de creatividad. Nuestra "diversidad creativa", según el concepto de la UNESCO.
Surge la necesidad de que reflexionemos sobre la criminalización de la producción, reproducción y difusión de la cultura y la necesidad de descriminalizar el debate sobre la creatividad... y, por supuesto que, un debate en donde una de las partes es de antemano un criminal, no es un debate.
En España, podemos ver las consecuencias de la implementación de un organismo "tutor", creado para proteger los derechos de autor. Con esa excusa, la protección de los derechos de autor, se ha convertido en un organismo de carácter policial, llegando incluso a casos extremos como el de contratar detectives para "colarse" en fiestas privadas y obtener filmaciones en las que "se muestra el uso no autorizado de material protegido"; y no solo amenaza la libre expresión de los ciudadanos, sino que el desarrollo democrático de un medio como Internet que, gracias a sus bajos costos y a su masificación, permite mostrar materiales que eran desechados por los medios tradicionales e idear nuevos modelos de negocios, que compiten y se posicionan de mejor manera frente a éstos mismos medios.La presión ciudadana de miles de chilenos organizados en diversas instancias, permitió que en el Congreso se velara no solo por la justa protección a los derechos de autor, sino también por la defensa de los derechos del resto de los ciudadanos. Así, no solo se estableció que fueran los tribunales los que determinaran el carácter ilícito de un contenido en Internet, sino que además se aprobaron "Usos Justos" que garantizan por primera a los chilenos derechos de acceso a obras intelectuales, entre otros avances.
Casos como el de España muestran que intereses comerciales y las presiones privadas a organismos públicos son una amenaza latente para los derechos ciudadanos en el entorno digital. Internet es hoy el terreno en disputa. No podemos bajar la guardia ni descuidarnos. Debemos garantizar nuestra libertad de opinión, nuestro derecho de libre acceso a la cultura y al patrimonio cultural común, y mantener el acceso a internet sin ninguna restricción
